Opinión
Reconocimiento, reparación y no repetición para las víctimas de abusos de la Iglesia

Por Aina Vidal
Portavoz de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar
-Actualizado a
Durante décadas, miles de niños y niñas han vivido en silencio un horror que no se mencionaba en público: los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica y las instituciones dirigidas por la misma.
Un horror que ha contado con la complicidad de la impunidad, el abuso de poder, el encubrimiento y el silencio de un sistema que ha protegido abusadores a costa del dolor de miles. En España, la falta de voluntad política y la negativa de la Iglesia a reconocerlo, han retrasado durante demasiado tiempo la necesidad de conocer la verdad y garantizar justicia y reparación a las víctimas. Pero el tiempo del silencio terminó.
Hoy estamos ante una oportunidad histórica: asumir las responsabilidades, poner fin a la impunidad y reparar a las víctimas. Y lo hacemos gracias sobre todo al coraje de las víctimas que se atrevieron a romper el silencio.
En noviembre de 2022, el Parlament de Catalunya aprobó -con el voto en contra de VOX-, la creación de una comisión para investigar los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica y en otros ámbitos como el escolar, el deportivo o el ocio educativo. Las comparecencias de las víctimas dieron lugar a momentos de gran crudeza y conmoción.
El 27 de octubre de 2023, el Defensor del Pueblo presentó al Congreso un informe contundente sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, las consecuencias de los abusos, la falta de respuesta de la Iglesia y las administraciones públicas, y plantea medidas de reparación y prevención.
Un documento de 777 páginas que recoge los testimonios de 487 víctimas, la mayoría hombres (84%), relata las secuelas físicas, emocionales y sociales que aún arrastran, y visibiliza una realidad marcada por el sufrimiento, la soledad y el silencio institucional. Lo más relevante del informe no solo son las cifras que dibujan unos abusos que se podrían tildar de estructurales, sino el objetivo al que nos interpela a todas: ‘no ha sido nuestra intención conocer el número de casos registrados en España, sino entender el alcance del problema, cómo se puede reparar a las víctimas y qué se puede hacer para evitar que vuelva a pasar’. Porque lo urgente no es sólo contar, sino reparar; no es solo una o muchas sentencias, sino también construir garantías de no repetición. La prioridad es situar en el centro a las víctimas que han sufrido abusos, reconocer y acompañarlos en su sufrimiento, indemnizarlas y actuar para que no se repita esta forma de violencia jamás.
La subcomisión debe contar con la participación de personas expertas y organizaciones especializadas en atención a víctimas y prevención del abuso, y de sus trabajos, debe salir un informe riguroso y concreto, con propuestas claras para reparar a quienes ya han sido reconocidos, pero también para abrir nuevos espacios de denuncia seguros y accesibles para quienes aún no han podido o querido hablar. Prevenir es crear los cambios y condiciones para garantizar que nunca más el silencio sea la única salida frente al miedo y la vergüenza.
Frente al dolor y la impunidad sostenida durante décadas, la respuesta no puede limitarse a la vía judicial. Exige algo más profundo: un modelo de justicia que ponga en el centro a las víctimas, y por eso defendemos la justicia restaurativa.
Queremos un camino sólido, no es suficiente con depurar las responsabilidades penales o institucionales (que deben seguir su propio cauce). Debemos garantizar que las víctimas reciban verdad y reparación, asumiendo el conflicto como un espacio de transformación desde el diálogo y la asumpción de responsabilidades, poniendo en el centro a quienes han sufrido la violencia, ofreciéndoles espacios seguros.
El dolor no se sofoca con una sentencia, debemos procurar reparar el daño causado a través del diálogo y la participación de las víctimas, de quienes cometieron los delitos y abusos, y de la propia comunidad. El papel de la justicia tradicional es también fundamental, pero debemos complementarlo ofreciendo alternativas más equitativas y restauradoras, porque el crimen no solo viola la ley, destroza vidas.
Necesitamos soluciones más humanas y efectivas a los conflictos penales, donde las víctimas sean escuchadas y los infractores asuman su responsabilidad de manera activa.
El castigo no puede ser un fin, la reparación y la no repetición sí. El sistema punitivo puede castigar, pero no cura; penaliza, pero no repara. La justicia debe ser también restaurativa, sanar las heridas mediante la responsabilidad y la reparación del daño. Sanar donde otros modelos solo cicatrizan en falso.
También tendremos que hablar de indemnizaciones, claro, y sobre todo de quien debe tener la responsabilidad de abonarlas, pero la reparación va más allá de los números. Desde el reconocimiento público del daño hasta el acompañamiento psicológico, desde las disculpas institucionales hasta la creación de circuitos seguros para la denuncia. Sanar el pasado es también proteger el futuro.
Esta subcomisión debe ir en esta dirección. Debemos seguir avanzando hacia una sociedad que no dé la espalda a las víctimas, que no silencie los horrores para proteger al poder. Una sociedad donde la justicia no sea sinónimo únicamente de castigo, sino de verdad, escucha, asumpción de responsabilidades y no repetición. Para ello trabajaremos los Comuns.
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