Pese a la extraordinaria incertidumbre del contexto internacional, con una guerra comercial en ciernes por la política arancelaria de Donald Trump y las dudas sobre el encaje fiscal del aumento del gasto militar planeando sobre la Unión Europea, el Banco de España ha elevado en dos décimas su previsión de crecimiento para la economía española en 2025, hasta el 2,7%. Sin embargo, en la actualización de sus proyecciones macroeconómicas ha situado un farolillo rojo en la inflación, que dispara en cuatro décimas respecto al cálculo anterior, hasta el 2,5% este año.
La revisión de la evolución prevista para los precios, muy condicionada por el componente energético, tiene varias derivadas. Más allá del encarecimiento de determinados productos y servicios, que confirmaría las señales de estancamiento en el proceso de desinflación a nivel global, en nuestro país impactará directamente en la factura de las pensiones, ligadas por ley al IPC, lo que tensionará aún más las cuentas de la Seguridad Social en plena avalancha de jubilaciones de la generación del baby boom.
Aunque habrá que esperar a finales de año para conocer la inflación anual acumulada en noviembre, en base a la fórmula fijada para la revalorización de las pensiones, si la previsión del BdE se cumple y el IPC se sitúa en el entorno del 2,5% de media en 2025, el coste de la subida de 2026 rondará los 6.500 millones de euros, teniendo en cuenta que cada décima de inflación supone unos 2.600 millones de gasto, según los cálculos que maneja el Gobierno.
A preguntas de EL MUNDO, el director general de Economía del Banco de España, Ángel Gavilán, ratificó ayer en la rueda de prensa de presentación de las proyecciones que, efectivamente, la mayor inflación "afecta al gasto en pensiones", si bien enmarcó las previsiones de evolución del IPC en un escenario de "volatilidad" de los precios energéticos y pidió "cautela" respecto a la interpretación de la fuerte revisión al alza de este indicador.
Con todo, el informe elaborado por el equipo que trabaja en el BdE a las órdenes de quien fuera ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, deja constancia de que la revisión al alza de la inflación provocará "un aumento más intenso del gasto en pensiones en 2026". Y ese desembolso, a su vez, se traducirá en una mayor desviación del gasto computable en términos del cumplimiento de las reglas fiscales europeas, que España incumplirá al menos hasta 2027, según el banco central, que aclara que en sus cálculos no ha tenido en cuenta la posibilidad "contemplada actualmente en la UE, de flexibilizar las reglas fiscales a las que están sometidos los Estados miembros" para que puedan aumentar el gasto público en el ámbito del presupuesto militar.
En concreto, el BdE ha elevado la desviación prevista en 8 décimas para 2025 (al 4,5%) y en 6 décimas para 2026 y 2027, respectivamente (hasta el 4,1% y el 3,8%), tras incorporar el impacto conjunto del aumento del gasto en pensiones derivado de la revisión al alza de la inflación en 2025 y de otras medidas como la extensión de la subvención al transporte público y el decaimiento del impuesto a empresas energéticas, que no se contemplaban en las previsiones de diciembre.
El fuerte incremento de la factura de las pensiones no es baladí, especialmente en un momento en el que se está debatiendo, especialmente dentro del propio Gobierno, sobre la necesidad de aumentar el gasto en defensa para responder a las exigencias del complejo escenario geopolítico internacional. El presidente Pedro Sánchez ha garantizado a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que el aumento del gasto militar no supondrá una merma del gasto social, lo que augura un complejo ejercicio de acople presupuestario que tensará aún más las cuentas públicas. "Sin nuevos Presupuestos, juntar el explosivo gasto en pensiones y el gasto en Defensa solo se podrá hacer si hay un incremento importante de la deuda", avisa el economista Javier Santacruz, en conversación con este medio.
No en vano, el propio Banco de España indica en su informe trimestral que esta es una de "las principales fuentes de incertidumbre de naturaleza interna". "No puede descartarse que en 2025 el consumo público vuelva a comportarse de forma más dinámica de lo esperado y se desacelere menos de lo proyectado en el escenario central. Todo ello en un contexto en el que, a escala europea, se está contemplando dotar a los Estados miembros de un mayor margen fiscal con el propósito de incrementar, de manera apreciable, el gasto público en defensa", incide el documento.
Entre las principales fuentes de riesgo externas, el informe destaca "el notable aumento reciente de la incertidumbre y de las tensiones geopolíticas y comerciales a escala global, en parte debido a las diferentes medidas de política económica anunciadas por la nueva Administración estadounidense". "La evidencia histórica sugiere que estas tensiones y la creciente incertidumbre podrían tener un significativo efecto adverso sobre la actividad", advierte.
Con todo, la buena marcha de la economía española, apoyada especialmente en el positivo comportamiento del empleo y en la mejora de las economías de las familias, podría verse truncada por estos riesgos externos. Y es que, aunque "la economía española ha mostrado en los últimos trimestres un vigor considerablemente mayor que el del conjunto de la UEM", el BdE empieza ya a contemplar la posibilidad de que dicho desacoplamiento entre la actividad económica de España y la de los países de la UE —especialmente de Francia y Alemania, dos de nuestros principales socios comerciales— se reduzca en el futuro. "Si ese fuera el caso (por ejemplo, porque las exportaciones españolas al área del euro volvieran a responder a la actividad de nuestros socios comerciales en una magnitud similar a la observada históricamente), el crecimiento de la economía española podría ser inferior al proyectado", especifica el informe.